El divorcio entre Zapatero y la plaza católica

Es difícil encontrar a alguien que no esté a favor de la familia, al menos de la propia. A los cientos de miles de ciudadanos que se reunieron en la plaza de Colón en Madrid el pasado día 30 les unía el deseo de defender la familia frente a leyes que la desnaturalizan. En su indignada respuesta, el partido socialista destaca las políticas sociales que el gobierno ha desarrollado en esta legislatura para favorecer la vida de las familias. Y ambos tienen su parte de razón. Lo que hay que ver es si bastan las ayudas materiales para que prospere la familia, cuando las leyes relativizan sus propiedades esenciales.

El gobierno recuerda que a lo largo de estos años ha establecido medidas para promover la natalidad, para conciliar la vida laboral y familiar, para favorecer a las familias de los jubilados con pensiones más bajas, para apoyar a las familias con personas dependientes, para que los hijos de familias con menos recursos dispongan de más becas... Y es verdad. Probablemente son estas las leyes que han contado con más respaldo político en esta legislatura, también a veces de la oposición. No ha habido apenas críticas contra ellas. Tampoco de la Iglesia.

Lo que se le reprocha al gobierno es la incoherencia en su política familiar, pues no pocas veces los cambios en el derecho de familia tienen unos costes sociales que después se intenta paliar con prestaciones económicas.

Se crea el subsidio de 2.500 euros por nacimiento de un hijo, mientras que una aplicación laxa y fraudulenta de la ley del aborto hace que uno de cada seis embarazos en España no llegue a término, lo que no favorece ni el respeto a la vida ni la natalidad.

El divorcio exprés permite divorciarse a los tres meses del matrimonio sin separación previa, incluso por imposición unilateral de uno de los cónyuges, lo que se ha traducido en un aumento del 74% en el número de divorcios en un año. Son bien conocidos los efectos de esta inestabilidad familiar, que a menudo tiene secuelas de precariedad económica de las familias a cargo de un solo cónyuge, problemas psicológicos y de fracaso escolar de los hijos, y dificultades para el pago de las pensiones. Pero a la vez el gobierno predica la necesidad de la conciliación de vida laboral y familiar, para que ambos padres atiendan a los hijos; lamenta que tantos padres hayan abdicado de sus responsabilidades educativas y explica buena parte del fracaso escolar por las carencias de las “familias desestructuradas”.

De una parte, aprueba una ley que puede suponer una importante ayuda a los familiares que tienen a su cargo personas discapacitadas dependientes; de otra, la filosofía y la práctica que inspira el divorcio fácil es que no hay compromiso permanente, por lo que cabe preguntarse si en el futuro muchos mayores dependientes van a encontrar familiares que se ocupen de ellos.

Por un lado, se aprueba una ley para favorecer una presencia equilibrada de ambos sexos en la vida pública y profesional, con la idea de que así se integra mejor los enfoques masculino y femenino al abordar los problemas; en cambio, ya no hace falta que un niño tenga padre y madre, pues puede ser fruto de la inseminación artificial de la mujer sola o ser adoptado por una pareja del mismo sexo, lo que se supone que no implica ninguna carencia en su educación.

Extremismo legislativo

En fin, no cabe olvidar que este gobierno, que califica de fundamentalistas y ultraconservadores a los críticos, y se presenta como símbolo de la moderación, empezó su andadura con una actitud realmente extremista en el derecho de familia. Entre las diversas posibilidades de regular las uniones homosexuales, optó por abrirles el camino del matrimonio, solución que solo había sido adoptada por escasos países (Holanda, Bélgica y Canadá).

En la reforma de la ley del divorcio, el gobierno hizo caso omiso del dictamen del Consejo de Estado, que no es ninguna dependencia de la Conferencia Episcopal, y que advirtió que ese modelo de divorcio “no es lo que rige en nuestro entorno jurídico y cultural”. El divorcio unilateral sin causa, decía el dictamen, “es realmente excepcional, y aceptado, siempre con plazos, en dos países nórdicos (Finlandia y Suecia), más alejados de nuestra tradición jurídica”.

Vistos los resultados, no parece exagerado el cardenal Rouco cuando señala la formación de un clima cultural y social que “relativiza radicalmente la idea misma del matrimonio y de la familia”, y que fomenta un tipo de relaciones entre varón y mujer “opuestas al valor del amor indisoluble y al respeto incondicional a la vida desde el momento de la concepción a la muerte natural, realidad social posibilitada y favorecida jurídicamente por las leyes vigentes”.

Voces de la sociedad civil

El gobierno lanza una cortina de humo cuando presenta la postura de los críticos como si pretendieran la imposición de una convicción religiosa, mientras que la del gobierno estaría abierta a todas las ideologías. En realidad, la aprobación de una ley supone siempre el espaldarazo a un tipo de convicciones frente a las contrarias. Y el que una ley se apruebe por mayoría parlamentaria no la hace inmune a las críticas, no solo de la oposición política, sino también de la sociedad civil. Y una de las voces más representativas de esa sociedad civil es la de la Iglesia católica.

Pero el PSOE está todavía anclado en una idea de la laicidad que le lleva a denunciar como injerencia política cualquier pronunciamiento de la Iglesia católica sobre leyes civiles. Políticos más modernos, como el presidente francés Nicolas Sarkozy, demuestran una idea mucho más abierta de lo que califican como “laicidad positiva”.

En su reciente y comentado discurso en Roma, Sarkozy ha reconocido que “la República tiene interés en que exista también una reflexión moral inspirada en convicciones religiosas”. “En la República laica –siguió diciendo–, un político como yo no decide en función de consideraciones religiosas. Pero importa que su reflexión y su conciencia sean iluminadas especialmente por consejos y reflexiones libres de las contingencias inmediatas. Todas las inteligencias, todas las espiritualidades que existen en nuestro país deben tomar parte en ello” (cfr. Aceprensa en Internet, 24-12-2007).

A dos meses de las elecciones es difícil que el gobierno valore las críticas al margen de las contingencias políticas inmediatas. Resulta más sencillo decir que los obispos hacen política. Es cierto que esa reflexión moral inspirada en convicciones religiosas tiene más posibilidades de ser acogida si se hace con palabras y gestos que no se vean como una bofetada moral. Pero, en cualquier caso, el gobierno no tiene un problema con unos obispos, sino con esa multitud de ciudadanos que, en un ejercicio de participación democrática, manifiestan su opinión sobre unas leyes del gobierno.

La neutralidad engañosa

Toda sociedad necesita establecer un mínimo ético, deslindando la frontera entre moral y derecho. El problema surge a la hora de obtener los criterios para resolver si un determinado problema, por su relevancia pública, debe ser regulado por el derecho. Hoy día a menudo se intentan imponer sin debate soluciones ideológicas que se presentan como neutrales. Andrés Ollero, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), aborda este problema en una conferencia pronunciada en un reciente simposio sobre la objeción de conciencia. Ofrecemos un extracto.

No cabe imponer las propias convicciones a los demás. Tan tajante afirmación, a más de drástica, suena a perogrullada. ¿Qué es eso de pretender que todos piensen como nosotros? Analizado desde otro ángulo, más jurídico, quizá cambie el panorama. Si fuera imaginable una sociedad en la que cada cual pudiera comportarse con arreglo a su leal saber y entender, ¿sería necesario el derecho? (...)

El derecho existe precisamente para que algunos ciudadanos se comporten de determinado modo, pese a su escaso convencimiento al respecto. A quien está convencido de que la defensa de sus heroicos ideales políticos justifica generar muertes, de modo indiscriminado o selectivo, se le procurará convencer sobradamente de lo contrario con las penas oportunas. (...)

La democracia no es relativista

Ello es perfectamente compatible con el reconocimiento del pluralismo como “valor superior del ordenamiento jurídico (artículo 1.1 de la Constitución Española) (...) El derecho se presenta siempre como un mínimo ético, lo que excluye de entrada que los demás deban compartir nuestros más preciados maximalismos. Pero incluso ese mínimo ético deberá determinarse a través de procedimientos que no conviertan al ciudadano en mero destinatario pasivo de mandatos heterónomos. La creación de derecho deberá estar siempre alimentada por la existencia de una opinión pública libre, lo que convierte a determinadas libertades (información y expresión) en algo más que derechos fundamentales individuales: serán también garantías institucionales del sistema político.

Todo ello no implica relativismo alguno. La democracia no deriva del convencimiento de que nada es verdad ni mentira; que, para algunos, sí cabría imponer a los demás. La democracia se presenta como la fórmula de gobierno más verdaderamente adecuada a la dignidad humana y, en consecuencia, recurrirá al derecho para mantener a raya los comportamientos de quienes no se muestren demasiado convencidos de ello. La democracia no deriva siquiera de la constatación de que el acceso a la verdad resulta, sobre todo en cuestiones históricas y contingentes, notablemente problemático; se apoya, una vez más, en una gran verdad: la dignidad humana excluye que pueda prescindirse de la libre participación del ciudadano en tan relevante búsqueda.

(...) Cuando se identifica democracia con relativismo, se verá un enemigo en cualquiera que insinúe, siquiera remotamente, que algo pueda ser más verdad que su contrario. Lo más cómico del asunto es que –desafiando el principio de no contradicción– se convertirá así al relativismo en un valor absoluto sustraído a toda crítica. (...)

La religión, tabaco del pueblo

Para quienes muestran esta curiosa dificultad para hacer compatible democracia y verdad, el problema se agudiza cuando las verdades propuestas dejan entrever parentescos con las confesiones religiosas socialmente mayoritarias. Al debate sobre el relativismo se une ahora el principio de laicidad, que exige respeto a la autonomía de las instituciones temporales. Estado y confesiones conciernen al mismo ciudadano, pero tienen ámbitos de acción propios que deben verse beneficiados por una razonable cooperación entre poderes públicos y confesiones.

No ocurre así cuando la presencia de lo religioso en la vida social no se acoge con la misma naturalidad que la de lo ideológico, lo cultural o lo deportivo, sino que se le atribuye una dimensión de perturbadora crispación que lo haría sólo problemáticamente tolerable. Surge así el laicismo, con sus imperativos de drástica separación entre poderes públicos e instituciones eclesiales.

Quien se cierra a una visión trascendente de la existencia tiende a reducir a política, y a evaluar en términos de poder, todo el dinamismo social. La lógica autoridad moral que los ciudadanos tienden a reconocer a las confesiones religiosas se percibe como la pretensión de ejercer una potestad intrusa, no rubricada por los votos. El único modo de extirparla sería una forzada privatización de toda vivencia religiosa, que niega legitimidad a su presencia pública. Procedería pues enmudecer por perturbador a cualquier magisterio confesional, por permitirse ilustrar a sus fieles sobre cómo afrontar determinadas situaciones o problemas sociales.

Por supuesto, visto con ojos medianamente liberales la situación sería bien distinta. Para Rawls, por ejemplo, “en una sociedad democrática, el poder no público”, como el “ejercido por la autoridad de la iglesia sobre sus feligreses, es aceptado libremente”; “pues, dadas la libertad de culto y la libertad de pensamiento, no puede decirse sino que nos imponemos esas doctrinas a nosotros mismos”. Cuando algo tan elemental se olvida, la libertad religiosa desaparece en la práctica como derecho fundamental, para verse reducida a actividad privadamente tolerada. Se ha superado la vieja idea de que la religión sea el opio del pueblo, lo que obligaba a perseguirla; se pasa, en heroico progreso, a tolerarla como tabaco del pueblo: fume usted poco, sin molestar y, desde luego, fuera de los centros de trabajo...

Una extraña pareja

Laicismo y relativismo acaban componiendo una extraña pareja, porque los drásticos planteamientos del primero cobran un carácter absoluto difícilmente superable; pero el enemigo común une mucho. El relativismo rechaza toda justicia objetiva y el laicismo a quien se le ocurra predicarla. En otros tiempos se impuso más de una vez una teoría de los derechos de la verdad, que animaba de modo poco tolerante a negarlos a los equivocados.

Ahora se patenta una contrateoría simétrica: todo aquel que sugiera que hay soluciones objetivamente más verdaderas que otras, será tratado como autoritario; por muy abierta que sea su actitud subjetiva en la búsqueda y realización práctica de esa verdad.

Este maridaje acaba confundiendo el plano de la realidad (existen o no elementos objetivos) con el de su conocimiento (cabe conocerlos racionalmente, con más o menos dificultad). El pluralismo asume la dificultad del acceso a la verdad y, en consecuencia, da por hecho que caben caminos diversos para acercarse a ella y tiende a considerar provisional lo logrado. Con esta actitud está dando por supuesto, como hace también la ciencia, que existe una realidad objetiva que tiene sentido buscar; de lo contrario, sobrarían todos los caminos imaginables y tendríamos un definitivo mentís relativista al problema planteado.

Acuerdo fronterizo: público-privado

La frecuente vinculación de lo moral con lo religioso agudizará la dificultad del ya estudiado deslinde entre lo jurídico y moral; sobre todo en países donde la tensión entre clericalismo y laicismo no ha llegado a encontrar históricamente una respuesta equilibrada. Se tenderá a confinar lo religioso, incluidas sus propuestas morales, en el ámbito de lo privado; mientras, se reserva a lo jurídico un ámbito público concienzudamente depurado de su posible influencia.

Esta adjudicación, un tanto simplista, de la perspectiva moral al ámbito de lo privado y la jurídica al de lo público deja sin resolver el problema decisivo: cómo podemos trazar la frontera entre uno y otro; de dónde obtendremos los criterios para resolver si determinado problema, por su relevancia pública, ha de ser regulado por el derecho, o si cabe privatizarlo dejándolo al albur de los criterios morales de cada cual. (...)

El problema surge porque sólo partiendo de un determinado concepto del hombre, y de la inevitable traducción de éste en un código moral, cabrá deslindar qué exhortaciones morales merecen apoyo jurídico y cuáles cabría confiar a la benevolencia del personal; así como dictaminar que determinado problema reviste tal relevancia pública que el derecho no podrá ignorarlo, privatizándolo imprudentemente.

A la hora de abordar esta cuestión clave no cabe otra solución que determinar el ámbito de lo jurídicamente relevante, teniendo como referencia –de modo más o menos consciente– los perfiles de la justicia objetiva. Como los planteamientos antropológicos y morales que sirven de punto de partida no serán unánimes, siempre habrá quien no vea reflejado en el ordenamiento jurídico su propuesta de deslinde. Teniendo en cuenta las convicciones de todos, al final –se quiera o no– habrá que imponer a más de uno aspectos que personalmente no hace suyos.

Todos tienen convicciones

Tener en cuenta las convicciones de todos, equivale por otra parte a reconocer que todos tienen convicciones. El laicismo tiende a estigmatizar como tales sólo la de los creyentes, como si los demás tuvieran el cerebro vacío. Desde esta perspectiva se consolida una concepción discriminatoria del término convicciones, vinculándolo de modo exclusivo a aquellos juicios morales emparentados con posturas defendidas por determinadas confesiones religiosas.

Situados de nuevo ante la necesidad ineludible de trazar la línea entre lo jurídicamente exigible y lo moralmente admisible, el laicismo opta por tomar partido disfrazado de árbitro. Atribuirá de modo gratuito patente de neutralidad a sus parciales propuestas de no contaminación. Conseguirá así, con particular eficacia, imponer sus convicciones por el simpático procedimiento de no confesarlas; no porque se lo pueda considerar poco convencido, sino sólo por haberlas formulado desde presupuestos filosóficos o morales no abiertamente similares a los de una confesión religiosa. Se produce así una caprichosa atribución de neutralidad moral a propuestas harto discutibles; como si la frontera entre la fe y la increencia marcara a la vez otra entre la valoración o la inocuidad del juicio.

Característica de esta implícita discriminación, atentatoria a la libertad religiosa, es la propuesta de que el derecho se inhiba, optando por mostrarse neutral ante problemas particularmente polémicos. (...)

Obviar la polémica, presentando con aire neutral conductas que antes se habían visto rechazadas a golpe de juicio de valor, sería el modo más eficaz de contribuir al progreso y de vencer al oscurantismo. En realidad, lo que se está haciendo es sustituir un anterior juicio de valor, sometido a debate, por otro que, disfrazado de neutral, podrá ahorrarse toda argumentación. Parece obvio que al discutirse si los poderes públicos deben sancionar penalmente una conducta o dejar que cada cual haga de su capa un sayo, optar por lo segundo no demuestra neutralidad alguna; supone suscribir sin más la segunda alternativa. No parece exigir demasiado que, quien lo haga, haya de molestarse en argumentarlo.

La causa última del problema acaba quedando en evidencia: las ideologías de querencia totalitaria se muestran incapaces de soportar una convivencia entre autoridad moral y potestad política. Lo reducen todo a política, con lo que de camino atribuyen a ésta –como una expresión más de la soberanía– el derecho a imponer a todos los ciudadanos un código moral, que no siendo neutro neutraliza al vigente, invirtiendo así el juego democrático. (...)

Un mínimo ético nada neutral

Situados ante esta realidad, parece claro que sólo la existencia de un fundamento objetivo podría justificar que se llegue a privar de libertad a quien desobedezca normas no necesariamente coincidentes con sus convicciones. Similar presupuesto late bajo el principio de no discriminación, recogido en el artículo 14 de la Constitución Española: sólo la existencia de un fundamento objetivo y, en consecuencia, razonable justificará que pueda tratarse de modo desigual a dos ciudadanos. Lo de razonable rebosa de la inevitable ambivalencia de la razón práctica; se trataría de un fundamento racionalmente cognoscible, por una parte, y posibilitador de un ajustamiento de relaciones satisfactorio, por otra. Lo lógico y lo ético se acaban dando la mano en un planteamiento cognitivista.

No cabe solucionar el problema mediante el socorrido recurso al consenso. Descartado el posible juego de la razón práctica, el consenso no tendría ya nada que ver con verdad objetiva alguna, sino que pasaría a ser mera expresión de la superioridad cuantitativa de determinadas voluntades. Esa voluntad mayoritaria, falta de todo correlato objetivo, estaría en condiciones de imponer a las minorías una auténtica dictadura. Cuando, por ser la sociedad pluricultural, no cabe dar por supuesta voluntad unánime alguna, sería imposible salir de tal círculo vicioso.
-----------------------------
Andrés Ollero es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)

Rajoy impone al PP un nuevo equipo que restará protagonismo a Zaplana y Acebes

El líder popular está dispuesto a hacer prevalecer su autoridad por encima de dirigentes y sectores para ganar las elecciones, lo que ha provocado un clima enrarecido en el partido

La elección de un escogido grupo de nuevos dirigentes como miembros del comité asesor del programa electoral del PP ha provocado una auténtica revolución interna en el seno de la dirección popular. Muchos en el partido ven en esta decisión la prueba definitiva de que Mariano Rajoy, en vísperas de las elecciones, está dispuesto a imponer su autoridad por encima de las presiones de dirigentes y sectores, sin temor ya a que la organización caiga en una crisis que intentó evitar durante todo el mandato. «Después del verano ha venido muy mandón», dice una de sus colaboradoras.

Los 16 miembros electos de este órgano de nueva creación fueron escogidos por el candidato a La Moncloa, que sólo ha tenido en cuenta para elaborar este listado las opiniones del coordinador del programa, Juan Costa. En sectores cercanos a Eduardo Zaplana y a Ángel Acebes cayó como una bomba la noticia y las presiones arreciaron sin que Rajoy cediera en su pretensión de ofrecer la cara de un 'nuevo PP' antes de que los ciudadanos se acerquen a las urnas, el próximo mes de marzo.

Zaplana sólo puede decir que colocó a la diputada por Valladolid, Ana Torme, porque Rajoy no le consintió que situara en el nuevo equipo a ningún parlamentario de la Comunidad Valenciana, como aseguran fuentes populares que intentó el ex presidente de la Generalitat.

Desde que se conoció su implicación en el pacto con los socialistas para presentar una candidatura alternativa a la oficial en la Caja del Mediterráneo, el líder del PP mantiene una distancia considerable con su portavoz parlamentario, que combina con una cercanía sin fisuras a su adversario político, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien cuenta con dos dirigentes de su confianza en el nuevo comité.

Mientras en la calle Génova afirman que Zaplana vive su momento de mayor debilidad, fuentes parlamentarias restan importancia al nuevo comité y afirman que el portavoz no está interesado en tener presencia en el nuevo órgano. De hecho, la presentación pública del comité se hizo sin él y sin el número dos del partido, Ángel Acebes.

El malestar se instaló también en la sede central de la organización porque los secretarios ejecutivos pusieron el grito en el cielo cuando conocieron la noticia de que sólo algunos miembros del comité de dirección -Soraya Sáez de Santamaría, entre ellos- tendrían cabida en el nuevo grupo de asesores para el programa. En la dirección, para nadie es un secreto que el secretario general influyó de manera decisiva y logró la incorporación de todos los secretarios, aunque no tengan nuevos trabajos asignados por Costa. «Es comprensible que se enfaden. Ellos llevan tres años trabajando en esto y preparando papeles», explica uno de los elegidos por Rajoy, pero de larga trayectoria en el aparato del partido.

Decisión autónoma

«La elección del nuevo equipo es una medida absolutamente autónoma de Rajoy y los nombres los mantuvo en secreto hasta al último momento para ahorrarse problemas», explican sus colaboradores, que llaman la atención sobre el hecho de que el líder del partido se esfuerce ahora por elogiar públicamente la labor realizada por Acebes y Zaplana, en compensación por el golpe recibido.

«A Ángel hay que cuidarlo mucho y darle mucho cariño», dice un veterano miembro del 'aparato', que trabaja mano a mano con el secretario general, pero que admite la llegada de nuevos tiempos a la organización. Es de los que ven al presidente del PP con unas dotes de mando que no había exhibido hasta ahora y convencido de que el éxito electoral puede estar al alcance de su mano si acierta en los pasos a dar.

Al nuevo rasgo del candidato 'mandón' atribuyen sus compañeros de partido la caída de Josep Piqué, la advertencia de que hará personalmente las listas electorales en función de su conveniencia, el movimiento de banquillo con las nuevas caras del comité asesor del programa y el enfoque que dará al documento electoral.

M. IGLESIAS-COLPISA

eldiariomontanes.es

La clave de la democracia: la ley natural

Si queremos que la democracia —el gobierno del pueblo, al servicio del pueblo y por el pueblo—, funcione debemos repensar el hoy y analizar por qué no se ajusta a la verdad de su esencia y de su objetivo; la clave nos la da Benedicto XVI con esta reciente afirmación: la ley natural o «la norma escrita por el Creador en el corazón del hombre», es la que le permite distinguir el bien del mal y la que debe convertirse en antídoto ante el «relativismo ético», ante las ideologías que lo promueven. Para Benedicto XVI, es la ley natural el único fundamento de la democracia y el medio para que el humor de las mayorías o de los más fuerte se conviertan en el norte del bien y del mal.

Lo que ocurre es que no es fácil entender su naturaleza, ni aceptar su fuente, ni corroborar su identidad y eficacia: hoy sólo se acepta el poder, el equilibrio de fuerzas, o incluso la ley del talión; y esto no es humano, ni es justo, ni busca el Bien Común. La culpa de que la democracia no esté a la altura de sus expectativas la tiene esa mentalidad reductiva y reductora que construye lo que está bien y lo que está mal a su arbitrio y conveniencia; si todo es relativo la tolerancia y el respeto entre los hombres dependerá del sol que más caliente o de la luna que más influya, o lo que es lo mismo, la opinión de la mayoría que ostenta el poder pero no la razón ni el sentido común.

Más o menos como ocurre en España desde hace poco más de 3 años: existe un mal llamado consenso de una mayoría que ganó unas elecciones como consecuencia de un golpe de Estado e impone su juicio relativista para someter a toda una nación a una política totalitaria y nihilista; pero los españoles nos hemos plantado y desde numerosos sectores de la sociedad civil nos oponemos a los caprichos mesiánicos del Presidente del Gobierno. Las mayorías pueden equivocarse —ejemplos hay en la historia reciente y menos reciente—, y sólo han conseguido sus objetivos cuando han sido razonables, trascendentes y transparentes.

Y constituyen materia de la ley natural todas las políticas relacionadas con la dignidad de la persona humana, con la institución matrimonial, con los derechos de la familia y de la educación, con la justicia social, con la economía solidaria y no capitalista «casi salvaje», con el concepto del trabajo, con una vivienda digna, con el agua necesaria para todos y un largo etcétera: lo que es un bien para la persona y no un mal.

La ley natural comprende «que el Estado es subsidiario», no actor ni protagonista: existe para que el pueblo obtenga lo necesario, para que respete sus raíces y tradiciones, para que busque el Bién Común y no sólo de unos pocos que cuentan con una potente ayuda mediática para servir de altavoz a sus pretensiones. Y para nada más.

Marosa Montañés DuatoPeriodista. Presidenta mujeres periodistas del mediterráneo.
conoZe.com
22.X.2007

«Bienaventuranzas del político»

El Pontificio Consejo Justicia y Paz ha publicado las «Bienaventuranzas del político» formuladas por el siervo de Dios, el cardenal Van Thuân –quien presidió el dicasterio-- en 2002, año de su muerte. Estas propuestas las ha vuelto a presentar el cardenal Renato Martino --actualmente al frente de Justicia y Paz-- en su discurso del pasado 8 de octubre en La Plata (Argentina). Ofrecemos el texto.

1. Bienaventurado el político que tiene un elevado conocimiento y una profunda conciencia de su papel.

El Concilio Vaticano II definió la política «arte noble y difícil» (Gaudium et spes, 73). A más de treinta años de distancia y en pleno fenómeno de globalización, tal afirmación encuentra confirmación al considerar que, a la debilidad y a la fragilidad de los mecanismos económicos de dimensiones planetarias se puede responder sólo con la fuerza de la política, esto es, con una arquitectura política global que sea fuerte y esté fundada en valores globalmente compartidos.

2. Bienaventurado el político cuya persona refleja la credibilidad.

En nuestros días, los escándalos en el mundo de la polí! ;tica, ligadas sobre todo al elevado coste de las elecciones, se multiplican haciendo perder credibilidad a sus protagonistas. Para volcar esta situación, es necesaria una respuesta fuerte, una respuesta que implique reforma y purificación a fin de rehabilitar la figura del político.

3. Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés.

Para vivir esta bienaventuranza, que el político mire su conciencia y se pregunte: ¿estoy trabajando para el pueblo o para mí? ¿Estoy trabajando por la patria, por la cultura? ¿Estoy trabajando para honrar la moralidad? ¿Estoy trabajando por la humanidad?

4. Bienaventurado el político que se mantiene fielmente coherente,

con una coherencia constante entre su fe y su vida de persona comprometida en política; con una coherencia firme entre sus palabras y sus acciones; con una coherencia que honra y respeta las promesas electorales.

5. Bienaventurado el político que realiza la unidad y, haciendo a Jesús punto de apoyo de aquélla, la defiende.

Ello, porque la división es autodestrucción. Se dice en Francia: «los católicos franceses jamás se han puesto en pié a la vez, más que en el momento del Evangelio». ¡Me parece que este refrán se puede aplicar también a los católicos de otros países!

6. Bienaventurado el político que está comprometido en la realización de un cambio radical,

y lo hace luchando contra la perversión intelectual;lo hace sin llamar bueno a lo que es malo;no relega la religión a lo privado;establece las prioridades de sus elecciones basándose en su fe;tiene una charta magna: el Evangelio.

7. Bienaventurado el político que sabe escuchar,

que sabe escuchar al pueblo, antes, durante y después de las elecciones;que sabe escuchar la propia conciencia;que sabe escuchar a Dios en la oración.Su actividad brindará certeza, seguridad y eficacia.

8. Bienaventurado el político que no tiene miedo.

Que no tiene miedo, ante todo, de la verdad: «¡la verdad –dice Juan Pablo II– no necesita de votos!».Es de sí mismo, más bien, de quien deberá tener miedo. El vigésimo presidente de los Estados Unidos, James Garfield, solía decir: «Garfield tiene miedo de Garfield».Que no tema, el político, los medios de comunicación. ¡En el momento del juicio él tendrá que responder a Dios, no a los medios!

François-Xavier Card. Nguyên Van Thuân
ROMA, miércoles, 17 octubre 2007 (ZENIT.org)

Nobel para el principio de precaución

Ningún otro galardón confiere mayor crédito de integridad y respetabilidad moral que el premio Nobel de la Paz. Desde ahora, Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos, ex candidato a presidente, ganador de un Oscar y adivino del cambio climático, ha ascendido al panteón de los pacificadores instaurado por Alfred Nobel, donde se reúne con lumbreras como Albert Schweitzer, el Dalai Lama, la Madre Teresa, Martin Luther King o Andrei Sajarov.

Sin duda, el Comité Nobel noruego se exponía a la polémica al laurear a Gore y al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Su fallo se ha interpretado como un corte de mangas a George Bush, un refrendo para una ciencia dudosa o un tributo a los verdes. Pero eso no es justo: el Nobel de la Paz siempre ha sido provocativo.

Lo singular del premio de este año no es la polémica, sino que los laureados no han hecho nada por la paz. La premiada en 2004, la keniana Wangari Maathai, también era una ecologista, pero al menos era una activista en favor de los derechos de la mujer. Por lo que respecta a luchar por la paz, Gore y el IPCC no han hecho ni pizca. Ni siquiera han hablado de hacer una pizca. Por tanto, el verdadero premiado de 2007 es el “principio de precaución”: algún día podría pasar algo terrible en algún sitio. Así se desprende del comunicado de prensa del Comité:

“Unos cambios climáticos de amplio alcance pueden alterar y amenazar la condiciones de vida de gran parte de la humanidad. Pueden provocar grandes flujos migratorios y estimular la competencia por los recursos de la Tierra. Tales cambios supondrán una carga especialmente pesada para los países más vulnerables del mundo. Es posible que aumente el peligro de conflictos violentos y guerras, civiles o internacionales” (la cursiva es nuestra).

¿No tiene algo de insensato canonizar el principio de precaución? Lástima que el pobre Immanuel Velikovsky (1895-1979), el autor del bestseller Mundos en colisión, muriera demasiado pronto. Habría podido alcanzar el panteón por advertir a la humanidad del peligro de los impactos de asteroides. Imagínense la tormenta política que se puede formar si un asteroide aplasta la ciudad de Oslo.

Hoy día nos acechan tantas catástrofes. Por todas partes se ven desastres que amenazan traer nuevas violaciones de derechos humanos, mayor competencia y guerras. Las espantosas consecuencias de la epidemia de obesidad, la paidofilia, la epidemia de depresión, la pérdida de biodiversidad, la discriminación contra los homosexuales, el fundamentalismo religioso y no usar el hilo dental son amenazas que el comité del Nobel de la Paz podría considerar.

Conceder el Nobel por prevenir desastres que podrían ocurrir es señal de que el comité está corto de ideas sobre la paz. No siempre fue así. En 1997 otorgó el premio a la Campaña Internacional para Prohibir las Minas contra Personas y a su coordinadora, Jody Williams. ¿Se ha quedado ciego a la larga lista de auténticas causas como esa: el tráfico de mujeres, el trato a los refugiados, los abortos forzados, la persecución religiosa? Seguro que quienes luchan contra esas tremendas realidades son personas que, como estipuló Nobel, “han hecho lo más o lo mejor posible por la fraternidad entre las naciones, por la abolición o la reducción de los ejércitos permanentes y por la promoción de conferencias de paz”.

Quizás el problema básico del premio Nobel de la Paz es la filosofía que lo inspira. Presupone que se puede alcanzar la paz duradera mediante el activismo político y el progreso tecnológico.

Nobel era un escéptico en materia religiosa, un hijo de la Ilustración convencido de que el progreso tecnológico era el progreso humano. Creía incluso que la dinamita, el invento que le hizo rico, terminaría con las guerras. En 1891, 23 años antes de la carnicería de la I Guerra Mundial, escribió a la pacifista Bertha von Suttner que “tal vez mis fábricas pondrán fin a la guerra más pronto que sus conferencias: el día en que dos ejércitos pueden aniquilarse mutuamente en un segundo, sin duda todas las naciones civilizadas retrocederán con horror y licenciarán a sus soldados”.

El siglo XX ha desmentido una y otra vez esa insensata previsión. Premiar a los que denuncian el cambio climático no hace sino perpetuar el error de pensar que puede haber paz duradera sin una idea clara de justicia y una noción común de la verdad.

Firmado por Michael Cook Fecha: 17 Octubre 2007

La memoria que separa

Ante el desbloqueo de su tramitación parlamentaria, otra vez está sobre el tapete la memoria histórica. De la que, como sucede con el colesterol, y aunque algunos lo nieguen, existen dos: una buena, la que une, que en aras de la salud social debe potenciarse, y otra perniciosa, la que separa, cuya difusión hay que controlar para evitar sus daños, entre los que se hallan los trombos que obstruyen la convivencia, y los infartos que matan la concordia.

Ambas han existido siempre en todas las sociedades, aunque la segunda solo en la España de nuestros días ha sido oficializada con promoción institucional y dinero público, pese a que sus objetivos no tienden a la concordia ciudadana ni al interés general, sino a intereses partidistas. Justificada con argumentos de demagógico sentimentalismo que han llegado a confundir a cierta gente de buena fé. Y desempolvada después de treinta años de concordia tras la transición que se inició en 1975. Lo que indica que su propósito no es honrar a muertos ignorados, que eso pudieron empezar a hacerlo entonces, sino el oportunismo político. Que una cosa es la obra de misericordia de enterrar a los muertos, y otra muy diferente desenterrarlos para atizar con ellos a la gente en la cabeza como si fueran garrotes.

Tan parcial iniciativa ha suscitado fuerte rechazo en mucha gente que estima que lo mejor que se puede hacer con los muertos es dejarlos descansar en paz, y no utilizarlos como arma arrojadiza setenta años después de su muerte. Porque la memoria hay que ir aliviándola de contenidos, ya que si se pretende conservarlos todos, éstos acaban por aplastar.

Algunos desavisados preguntan: ¿Pero qué se entiende por memoria histórica buena o memoria histórica mala? Mas la cuestión no es qué se entiende, sino qué es cada una de ellas según su naturaleza. La memoria histórica a secas, aunque ahora, para distinguirla de la otra, haya que llamarla memoria histórica buena, es la que evoca y analiza con objetividad el pasado para tomarlo como referente de identidad y pauta de actuación cara al futuro. Asumiéndolo y recordándolo como fue, no con criterio selectivo, según a cada uno le hubiera gustado que fuera. Todo, no solo lo que interese a una facción según las circunstancias. La que asumiendo las luces y las sombras de dicho pasado, fundamenta sobre el mismo una idea de patria, establece referentes de identidad, potencia el orgullo de pertenencia a la nación, refuerza su unión, aprieta la solidaridad entre sus miembros, y cimienta el sentido de la convivencia. La que hace vibrar ante los momentos gloriosos y los símbolos comunes. La que insiste en lo que identifica y une, y no en lo que disgrega y separa. La que, como en las familias, establece fuertes lazos de integración, solidaridad y orgullo de pertenencia, y hace que la mancha de un desfalco cometido hace diez generaciones no sea razón para renegar de la estirpe, ni para continuar buscando imputaciones de responsabilidad cien años después.

Frente a ella, la memoria histórica mala es la que pretende dar la vuelta al pasado para reavivar sus peores momentos. La que presenta los hechos con criterio selectivo, tergiversa lo ocurrido, y pretende reescribirlo. La que arranca de premisas falsas. La que hurga en lo que separa en lugar de potenciar lo que une. La que se alimenta del rencor. La que ve a la sociedad dividida entre «nosotros y ellos». La que, como en los lugares más remotos de la geografía profunda, no olvida las afrentas centenarias ni descansa hasta lograr el desquite.

La que, por recurrir a un símil elemental pero expresivo, impide a los apasionados viscerales del equipo rojo olvidar que hace un siglo el equipo azul les ganó por goleada el partido decisivo arrebatándoles la Copa, y hace que cien años después sigan manteniendo la sangre encendida y el encono vivo contra la directiva, el entrenador, los jugadores, el árbitro, la federación, y hasta los masajistas del equipo vencedor, sin asumir una derrota que todavía no han podido encajar, y que les escuece en lo más hondo, pero que no hay quien borre.

La que hace imposible olvidar un acontecimiento adverso y asumirlo como algo del pasado, archivado ya por la historia. La que atribuye el fracaso no a que su equipo fue peor, sino a artimañas y trampas que les robaron el partido, ignorando el caos en que sus filas estaban inmersas cuando salieron a jugar, como consecuencia de la falta de autoridad y el desorden que los atenazaba desde que el club entró en competición tras eliminar, ellos sí, antirreglamentariamente, al equipo precedente. La que conserva vivos, pese al tiempo transcurrido, los resentimientos y el encono. La que un siglo después exige la revisión del resultado y pone en cuestión el reglamento y la actuación del árbitro, para demostrar que les robaron el partido y los vencedores fueron ellos. Los que pretenden que la realidad se vuelva del revés. Que se descalifique e imponga sanciones a quienes ganaron, y su victoria se convierta en derrota digna de cárcel. En definitiva, la que pretende cambiar la historia.

La que, y esto es lo peor, envenena el presente con la presentación manipulada del pasado, haciendo que los descendientes en quinta generación de los seguidores del equipo perdedor de hace un siglo, continúen viendo como enemigos irreconciliables con los que no hay nada en común, y de los que hay que vengarse, a los descendientes en quinta generación de los seguidores del equipo que hace un siglo los echó de la Liga.

Y la que, para mayor escarnio, pretende todo eso en nombre del espíritu deportivo, los principios olímpicos, y la concordia en la competición. Y además lo paga con dinero público.
Esa es la memoria histórica mala que tan perniciosa resulta para la salud de un pueblo. La que ya ha provocado varios peligrosos amagos de infarto a la sociedad española. La que si antes no se aplica el remedio de la sensatez, acabará en el colapso definitivo de la concordia entre los españoles.

Alberto González Rodríguez
Hoy
10.X.2007